INTRODUCCION

La Comisión de Políticas Publicas, es un esfuerzo colectivo de distintos centros de estudios e intelectuales del mundo del trabajo, nace el año 2018 bajo el alero de la Central Unitaria de Trabajadores. Esta comisión la integran el Centro Democracia y Comunidad, la Fundación Por la Democracia, el Instituto Igualdad, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz, la Fundación Nodo XXI y la Fundación Instituto de Estudios Laborales.

El presente informe tiene por objetivo iniciar una serie anual de informessobre la situación del mundo laboral en Chile, dando cuenta de los principales hitos en términos jurídicos, sociológicos, económicos y culturales, los que se realizan desde una mirada orgánica, es decir hablamos desde la pertenencia al mundo del trabajo y su movimiento social, por lo tanto nuestros análisis son aportes hechos desde una posición frente al país, los acontecimientos y las políticas que lo cruzan año a año.

El objetivo del informe es desarrollar opinión critica de las políticas publicas que se implementan en el mercado laboral y hacer recomendaciones de que puedan ser recogidas por los actores sociales y políticos de nuestro país, con la intención de abrir espacios de mejora para el mundo laboral que impacta en toda la sociedad.

Partimos de la constatación que en Chile se presenta un sistema democrático incompleto o democracia incompleta, que se asienta en un mundo laboral fallido en el sentido del cumplimiento de los cuatro aspectos fundamentales del trabajo decente definido por la OIT.

Cuando decimos que la democracia en Chile es incompleta, nos referimos a que el análisis de sus tres dimensiones, a saber, política, constitucional y ciudadana, en un entorno económico de dominación del modelo neoliberal, da como resultado una democracia caracterizada por instituciones y políticas publicas que han sido diseñadas por la primera oleada neoliberal de la dictadura y perpetuadas por el entramado constitucional de 1980.


Esta situación ha llevado al país a una crisis de expectativas, entre la institucionalidad democrática existente en el país y sus ciudadanos representados en los movimientos sociales, que se ven tensionadas principalmente por la expectativas de derechos que se generan por parte del sistema político y la realidad aun sujetada por el entramado legal del país.

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